DECLARACIÓN: IV CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO 

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Los resultados de las jornadas se han plasmado en un manifiesto que bajo el nombre “Declaración de Cuenca: DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL: DESAFÍOS HACIA LA AGENDA 2030”, expresa el sentir de la comunidad de autoridades locales de Iberoamérica y de las mujeres representantes de las 23 naciones participantes en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género.

El texto de la DECLARACIÓN DE CUENCA puede ser descargado del siguiente link: 

https://cumbregenero.eventosuim.org/media/uploads/2018/05/21/declaracioncuenca.pdf

 

Asimismo, fruto de las reflexiones compartidas tanto en el Diálogo Político de las Mujeres Líderes del Espacio Local Iberoamericano y del Taller "Visibilizando la violencia contra las mujeres en la vida política", se han suscrito tres LLAMADOS A LA ACCIÓN:

 

 

 

A continuación, el texto completo de la DECLARACION DE CUENCA "DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL: DESAFÍOS HACIA LA AGENDA 2030


Preámbulo 

En 2015, paralelo a la conmemoración del vigésimo aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, se adoptó por consenso la declaración “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, conocida como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda presentó 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que proteger el medio ambiente. 

Entre los 17 objetivos, se incluye un objetivo específico, para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se incluye además la Transversalización del Enfoque de Género en todos los ODS, puesto que garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no son solo el ODS 5, sino que constituyen una base estructural de la agenda de desarrollo global. El carácter transversal de la dimensión de género en todos los ODS significa que la localización de la Agenda 2030 debe conllevar acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres en los espacios locales que son a su vez, centrales para la erradicación de la pobreza (ODS 1), la reducción de las desigualdades (ODS 10), lograr ciudades y asentamientos urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11) y la gobernabilidad y la paz (ODS 16). (PNUD, 2016) 
El ODS 5 representa una oportunidad para que las administraciones locales y regionales avancen en la implementación de compromisos regionales e internacionales y cumplan su rol en el logro de la igualdad de género, mientras que el ODS 16 implica garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. 

Por otro lado, veinte años después de la adopción de la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos, los países del mundo asistentes a la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y Vivienda, Hábitat III, firmaron en Quito en 2016 el documento La Nueva Agenda Urbana (NAU) que incluye lineamientos para que ciudades y asentamientos humanos promuevan el fin de la pobreza y la autonomía de las mujeres y niñas, al reconocer la expansión urbana de las ciudades que crecen en medio de crisis sociales, demográficas, ambientales y energéticas, y que se ven afectadas por la desigualdad creciente y desastres naturales. Una desigualdad, que sumada a la persistente falta de políticas sociales que aseguren vivienda y los bienes urbanos necesarios; formas interactuantes de pobreza e indigencia; migraciones entre países y al interior de estos, conlleva la omisión y exclusión en las políticas y en la toma de decisiones dando por resultado falta de oportunidades para el progreso económico y social de la diversidad de la población en situación de vulnerabilidad, en particular las mujeres, presentes en cada grupo social, etnia, elección sexual o religión.
El ODS 5 y la Nueva Agenda Urbana representan una oportunidad sin precedentes para abordar conjuntamente los objetivos de igualdad de género y el desarrollo urbano sostenible que se refuerzan mutuamente (CGLU Mujeres, 2015). 

Con fundamento en estos marcos normativos y lineamientos globales, y 

Considerando: 

•    Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, pone de manifiesto todos los ámbitos en que se niega la igualdad de derechos de las mujeres y plantea las obligaciones de los Estados para garantizar su vigencia y pleno ejercicio. 
•    Que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 y la Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará 1994, definen las acciones que los Estados, sector privado y la sociedad civil organizada y no organizada deben realizar para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia. 
•    Que en la Primera Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina. Habana (1977) en que se logró que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género se convirtieran en compromisos gubernamentales. 
•    Que las Declaraciones de Córdoba (2011), Aguascalientes (2013) y Santiago (2016), emanadas de las anteriores Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de Género, definieron como una prioridad la adopción de políticas y estrategias que potencien el derecho de las mujeres a la ciudad, recomendando incorporar en la planificación local la perspectiva de género; 
•    Que la Conferencia de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que concluye con la Declaración de Brasilia (2014), insta a los Estados al desarrollo de una agenda integrada y de un programa regional de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales y de políticas para implementarlo. 
•    Que la Resolución aprobada en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Nueva York, (2014), reconoce el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y la necesidad de tomar medidas que aseguren su participación plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles y ámbitos. 
•    Que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño adoptó en 2015 la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria y Naciones Unidas posicionó en 2016 el lema Por un planeta 50 – 50 para 2030; 
•    Que el Acuerdo de París (2015), señaló que estamos ante un mundo urbano sujeto a crisis y distintos tipos de desastres humanos y naturales; 
•    Que la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2016) identifica cuatro nudos estructurales que es necesario enfrentar: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. 
•    Que la Declaración del 4to Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (2017), solicitó la necesidad urgente de incluir e incorporar una perspectiva de género en las políticas y estrategias como medio clave para empoderar y poner en valor el potencial económico de las mujeres y las niñas como base de un desarrollo económico local inclusivo y sostenible. 
•    Que el Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y Seguros para las mujeres y las niñas (2017) emplaza a desarrollar una estrategia integral que promueva el cambio estructural hacia la igualdad de género, que  convoque a los hombres y jóvenes como agentes de cambio, con la participación activa de las mujeres y sus organizaciones así como de la sociedad civil. 
•    Que la Declaración del Foro Continental de Ciudades Intermedias de Latinoamérica. Cuenca (2018) señala que la sostenibilidad está estrechamente vinculada con la igualdad de género; así como con el empoderamiento de mujeres y de niñas, la prevención y erradicación de todas las causas y formas de violencia de género. Que la participación ciudadana es una herramienta de democracia que asegura transparencia, control social, lucha contra la corrupción pública y privada y es un mecanismo de colaboración cívica que se constituye en una fuerza articuladora de las sociedades; y que en este marco los gobiernos locales y regionales se comprometieron en: “prevenir, atender y eliminar todas las causas y formas de discriminación y violencia en especial en contra de las mujeres y de las niñas en espacios públicos y privados” e “implementar herramientas de planificación urbana que incorporen el enfoque de género con respecto al diseño y gestión del espacio público a través del uso eficiente de las nuevas tecnologías y otro métodos participativos”.
•    Que es imperativo elaborar y poner en marcha acciones articuladas que fortalezcan alianzas más solidarias y justas, en el plano internacional, regional, nacional, subnacional y local y una nueva gobernanza multinivel, multiactor y multisectorial para el seguimiento de la agenda 2030. 
•    Que el gran reto de hoy es cambiar la manera de hacer política pública, con nuevas formas de organización, planificación y gestión, introduciendo elementos innovadores en sus contenidos y objetivos. 
•    Que es necesario que convivan políticas de igualdad de oportunidades que resuelvan problemas de discriminación y de reconocimiento junto con aquellas que se dirigen hacia un cambio cultural y estructural de la organización social y económica, en este sentido son las políticas de género, integradas, transversalizadas, activas y regulatorias las que permiten ampliar la actuación institucional del Estado en torno a la igualdad.
•    Que consideramos imprescindible rescatar todas las cartas declaratorias de los encuentros temáticos sobre agenda 2030 de los gobiernos locales y regionales y particularmente las propuestas vertidas en el reciente Foro Continental de ciudades intermedias de Latinoamérica. 


Nosotras, alcaldesas y alcaldes, prefectas y prefectos, concejalas y concejales, servidoras y servidores públicos, lideresas, promotoras de la democracia paritaria y del desarrollo local basado en la igualdad de género, organizaciones sociales y la academia, reunidas en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género celebrada en la Ciudad de Cuenca, recogiendo el espíritu de los considerandos y los intercambios de experiencias, debates y reflexiones generadas acerca de la decisiva importancia de los aportes que pueden realizar las ciudades, los asentamientos locales y regiones, y sus gobiernos locales y regionales, en logros para las metas de igualdad de género. 

Resolvemos: 

Exhortar a los gobiernos locales y regionales iberoamericanos; a las autoridades locales y regionales electas; a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de gobiernos locales y regionales; a los mecanismos nacionales y locales de la mujer o de la igualdad de género; a las organizaciones sociales, organizaciones y redes de mujeres; a los partidos y movimientos políticos; a los órganos y organismos electorales; al sector privado, a la academia y a todas las mujeres y hombres a adherirse a la presente Declaración de Cuenca, con el objetivo de materializar los principios, valores y postulados contenidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en La Nueva Agenda Urbana, y a asegurar la adopción de políticas y medidas públicas locales y regionales para contribuir al logro de todas sus metas. 

En especial nos comprometemos y hacemos un llamado respecto a: 

1. Garantías para el derecho a una vida libre de violencia. Como Naciones Unidas lo ha señalado, la discriminación y la violencia contra las mujeres son la forma más extendida de violación de derechos humanos en el mundo. Pese a ello, este fenómeno recibe insuficientes respuestas del Estado en su conjunto: tanto de las autoridades nacionales y locales, como del sistema de justicia. La adopción e inversión en políticas públicas y medidas eficaces que combatan esta violencia extrema de género y los crímenes de odio contra las mujeres es necesaria para su erradicación como práctica universal. Las violencias sexual, psicológica, laboral, patrimonial, económica, institucional, obstétrica, el acoso en los espacios público y privado, la violencia simbólica y estructural y la violencia política, constituyen un entramado que afecta a la sociedad en su conjunto. En varios países de nuestra región, las tasas de violencia doméstica superan el 50%. La violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio público, en las calles, centros educativos y en los lugares de trabajo, se invisibilizan y se mantienen en la impunidad. De los 25 países con las tasas más altas de femicidio en el mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. Las dinámicas de crimen organizado transnacional, conflicto armado, desplazamiento humano, exacerba la letalidad de las violencias que enfrentan de forma cotidiana mujeres y niñas en distintas zonas del continente. 

La movilización masiva en las calles contra el femicidio es la expresión más fuerte de rechazo, de denuncia y de exigencia de sanción del delito y reparación de las víctimas. Los delitos de violencia de género y el femicidio no pueden delegarse ni declinarse a la justicia indígena, a usos y costumbres, u otra modalidad de conocimiento del delito, así como tampoco reconocer distorsiones de otros marcos normativos, debe resolverse en la justicia ordinaria a la luz del marco jurídico internacional de derechos humanos vigente. 

Hasta erradicar la violencia de género, que es una obligación de los Estados y de los gobiernos locales y regionales, éstos deberán invertir presupuestos suficientes, dignos y eficaces en los servicios de prevención, atención, centros y refugios para mujeres y niñas. 

Por ello nos comprometemos y convocamos a asumir un proceso de prevención basado en el marco internacional de los derechos humanos que involucre a mujeres y hombres, a través de la planificación participativa con enfoque de género e interseccionalidad en los territorios; a través del cambio del sistema educativo en lo formal e informal hacia una educación no sexista, que fortalezca el autoconocimiento y las nuevas masculinidades; demandamos que los medios de comunicación incluyan a las mujeres en los espacios de toma de decisiones y que erradiquen los estereotipos patriarcales que sustentan la violencia de género; motivamos a la sociedad civil a hacer seguimiento y vigilancia de la calidad de producción mediática. 

Instamos la creación y el sostenimiento de sistemas de atención, protección y restitución de derechos a las mujeres víctimas de violencia, que garanticen el fortalecimiento de las autonomías, la articulación de actores y la coordinación interinstitucional, que incluyan protocolos, que cuenten con medidas de protección y restitución, que integren procesos de sensibilización y formación sistemáticos y valorados para la concienciación de servidoras y servidores públicos, que implementen mecanismos de alertas tempranas, que garanticen asistencia médica, psicológica, legal y de trabajo social con enfoque de género, que cuente con indicadores que puedan ser monitoreados para medir el avance y adoptar acciones para la mejora permanente del sistema. 

Motivamos a los Estados que, de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, aprueben marcos normativos suficientes para la prevención y erradicación de todos los tipos de la violencia contra las mujeres, en el ámbito público y privado. 


2. Empoderamiento político de las mujeres para una democracia paritaria. En el nivel local las concejalas, regidoras latinoamericanas y caribeñas, como promedio, ocupan el 28,8% de los cargos, mientras 9 países están por sobre el 30%, entre ellos Dominica, Costa Rica y Bolivia. Solamente Bolivia alcanzó un 51.1% de concejalas en 2016, gracias a la Ley de Paridad. Sin embargo, el incremento de alcaldesas ha tenido un ritmo lento. El promedio regional apenas llega al 13,4% (CEPAL,2017), situación que se agrava en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, que tienen un menor acceso a redes de apoyo para participar en espacios de toma de decisión y en la definición de políticas, planes y presupuestos territoriales. Esto es así, dado que en el espacio local las prácticas políticas suelen omitir o minusvalorar los liderazgos de las mujeres y su activa participación social, tanto en las directivas internas de los partidos y movimientos como en las candidaturas electorales. Aun cuando los sistemas de cuotas y paridad han supuesto un acelerador importante a la representación femenina en la región, la aplicación en el ámbito local adolece de garantías eficaces y control ante su incumplimiento, dando por resultado impactos dispares y discontinuos. Junto a ello, el acoso y la violencia política en razón de género se manifiesta mayoritariamente en el espacio local, vulnerando así no sólo los derechos políticos de las mujeres sino la propia gobernanza local. 

Por ello, nos comprometemos como gobiernos locales y regionales a promover la democracia paritaria, garantizando una amplia participación política y social de las mujeres, promoviendo su incidencia y articulación en la construcción de las agendas políticas, así como en la toma de decisiones especialmente a lideresas rurales, indígenas y afrodescendientes, como un imperativo para las democracias iberoamericana. Asimismo, hacemos un llamado a los parlamentos nacionales y a los tribunales y consejos electorales, a garantizar mecanismos y presupuesto para que las normas para el adelanto de las mujeres cumplan con el mandato y con el espíritu de la paridad bajo los principios de la transparencia y de la rendición de cuentas. Actuaremos con especial compromiso en el combate a la violencia política en razón de género y nos comprometemos a impulsar espacios estructurados y de gestión sistemática que defiendan el derecho de las mujeres a su participación política. A partidos y movimientos políticos, a que fortalezcan la democracia al interior de sus organizaciones e integren en su gestión el enfoque de género, a que erradiquen la intervención de las redes de corrupción y a que remuevan todos aquellos factores que obstaculizan la participación y representación de las mujeres. 


3. Autonomía económica. Los avances de nuestra región en el combate a la pobreza no han sido iguales para mujeres y hombres. A pesar de la disminución de la pobreza y de la contribución de la participación laboral femenina, la pobreza se feminizó drásticamente a lo largo de la última década. El índice de feminidad de los hogares pobres subió algo más de 11 puntos entre 2002 y 2014, es decir, que por cada 100 hombres de la región en hogares pobres, había 118 mujeres en la misma situación. Una de cada tres mujeres mayores de 15 años en América Latina no contaba con ingresos propios, mientras que esto solo ocurría con uno de cada diez hombres. Muchos estudios han mostrado que esta situación se debe además a que las mujeres dedican más del triple del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados respecto a los hombres. Estas desigualdades se agravan por las diferencias étnico-raciales, generacionales y territoriales. Las campesinas constituyen más del 40% de mujeres que no tienen ingresos versus el 11% de hombres en la misma situación. En términos de acceso a recursos financieros y productivos, las mujeres viven en situación de desigualdad social, política y económica con apenas el 30% de titularidad de la tierra y del 10% de los créditos (FAO, 2015). La tasa de participación económica de las mujeres se sitúa en torno al 50%, a una distancia promedio con respecto a los hombres de casi 29 puntos porcentuales. Para 2015 (CEPAL), las mujeres ocupaban los lugares más precarios y con menores salarios que los hombres, incluso cuando las mujeres han alcanzado mayores logros educativos. Estos números se agravan en el caso de mujeres con hijos. Casi el 60% de las mujeres en los niveles más bajos de empoderamiento económico han sido madres a los 19 años. El empleo al que acceden las mujeres sigue siendo deficiente: casi el 60% de la fuerza laboral femenina se ubica en la economía informal. Casi el 90% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado en la región son mujeres. Los hombres representan el 1% del total de los trabajadores domésticos (ONU Mujeres, 2017). 

Es por esto que nos comprometemos y convocamos a los gobiernos locales y regionales, a reconocer el empoderamiento e inclusión económica de las mujeres como clave del Desarrollo Económico Local. Reconociendo la importancia de la estrategia de Desarrollo Económico Local (DEL), nos comprometemos a impulsar la incorporación de las mujeres a espacios laborales no tradicionales y a promover la flexibilización de los roles de género que contribuyan a la corresponsabilidad del cuidado, brindar apoyo a los emprendimientos y a los proyectos productivos de las mujeres, el acceso al financiamiento y activos productivos, tecnológicos y digitales; crear políticas económicas de incentivo a mujeres y familias de comunidades indígenas y campesinas que garanticen la seguridad alimentaria y la conservación del patrimonio natural. Hacemos un llamado al sector privado para que, junto a gobiernos, y bajo la observancia de la sociedad civil, propiciemos la articulación de estrategias hacia el empleo pleno, productivo y decente para las mujeres, así como a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. También ratificamos nuestro compromiso con reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos de cuidado, infraestructura y políticas de protección social.


4. Institucionalidad, planeación y presupuestación local con enfoque de género. Las agendas locales de género requieren ser parte estructural de la toma de decisiones, la planeación y la gestión del desarrollo local. Es necesario que las políticas públicas, planes y programas visibilicen y garanticen de manera deliberada y clara la prioridad de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, en sus instrumentos de planeación y presupuestación ya que son los más visibles símbolos de la declaración de las prioridades de los gobiernos. 

Por ello, nos comprometemos y hacemos un llamado a crear y fortalecer mecanismos institucionales municipales y subnacionales de género con capacidad política, operativa y presupuestaria, tendentes a velar por las necesidades e intereses de las mujeres en el diseño y ejecución de las políticas públicas locales, lo cual implica no sólo medidas especialmente diseñadas a tal fin, sino que el enfoque de género sea transversalizado con carácter vinculante al conjunto de la administración y el gobierno local. Garantizar el enfoque de género en la toma de decisiones conlleva asimismo escuchar y sumar las voces de las mujeres diversas de los territorios locales, por lo que nos comprometemos a propiciar procesos de planeación inclusiva de nuestras agendas locales de desarrollo, con activa participación de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en general; así como institucionalizar la contraloría social y la rendición de cuentas periódicas de estos procesos. 

A estos fines, necesitamos ampliar y permear el conocimiento y las capacidades de los gobiernos locales para una correcta y sensible comprensión de los desafíos a los que nos referimos, por lo que, hacemos un llamado al fortalecimiento institucional, una gestión coordinada y holística, un modelo de planificación territorial participativa como categoría de fuerza articuladora de sociedad que de abajo hacia arriba promueva una gobernanza sensible al género, donde objetivos y estrategias se den en un marco de coordinación horizontal y multinivel de gobiernos, instituciones y organizaciones diversas que apuesta por una forma de entender el desarrollo sin que “nadie se quede atrás”. 


Declaración Final 

Suscribimos esta Declaración de Cuenca, como un compromiso para promover y hacer realidad el desarrollo local con igualdad; para construir la igualdad de oportunidades y de condiciones entre mujeres y hombres para garantizar la igualdad de derechos; para concretar la participación de las mujeres y la paridad en la toma de decisiones; para garantizar la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y niñas en los espacios privados y públicos; para contribuir a reducir la brecha salarial y garantizarles ingresos y trabajo decente; y para la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la planificación de las ciudades con base en el reconocimiento de la conexión o simbiosis de lo urbano con lo rural. 

Consideramos este período, de aquí a 2030, como una oportunidad histórica y cultural para potenciar el papel de las localidades urbano-rurales como impulsoras de la democracia y legitimidad en los procesos de materialización local del bienestar para todas las personas, contenido en las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Frente a la presencia de discursos y acciones anti derechos, nos comprometemos a garantizar el avance en la normativa y en las políticas públicas alineados a los compromisos de los Estados por los derechos humanos. 

Los gobiernos locales y regionales de Iberoamérica, podemos y debemos trabajar juntos para terminar con las brechas de igualdad de género, asumir los retos derivados del objetivo de poner fin a las múltiples formas de discriminación y de pobreza que viven las mujeres y las niñas, entre ellas las pertenecientes a pueblos indígenas, y afrodescendientes, a las diversidades sexuales, a las que tienen discapacidades, a las que han sido afectadas por desastres naturales o antropogénicos, a las que viven en barrios marginales y asentamientos informales, a las pequeñas agricultoras, a las refugiadas y a las migrantes, a las mujeres de las comunidades rurales que enfrentan múltiples violencias en especial por su lucha en la defensa del agua, la seguridad y soberanía alimentaria y la vida comunitaria; condenando las acciones que atentan contra la naturaleza. En ese marco, nos reconocemos capaces de promover estrategias de democracia paritaria y de crecimiento económico inclusivo y sostenible en el nivel local como parte del desarrollo territorial urbano-rural, a fin de que las ciudades y asentamientos se conviertan en espacios de oportunidades y justicia para todas y todos.